Escándalo en Puerto Montt: Contraloría exige recuperar más de $197 millones por pagos irregulares a funcionarios del DAEM
Un demoledor informe final de la Contraloría General de la República ha puesto en jaque la administración municipal de Puerto Montt, luego de detectar pagos irregulares por más de $230 millones a diez funcionarios y exfuncionarios del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) entre enero de 2019 y junio de 2024.
El organismo instruyó a la Municipalidad de Puerto Montt a iniciar acciones legales para recuperar $197.110.840 y a realizar un sumario administrativo para establecer responsabilidades. También se evalúa la presentación de un juicio de cuentas para perseguir el reintegro de los fondos públicos.
Control interno bajo la lupa
Según el informe —publicado en detalle por El Llanquihue, la fiscalización se inició tras 150 observaciones, de las cuales 117 fueron validadas como irregularidades con mérito suficiente.
Las anomalías incluyen pagos por servicios no acreditados, ausencias injustificadas, remuneraciones dobles, licencias médicas mal cubiertas, y contratos modificados sin respaldo. La mayoría de estos hechos se concentran en el periodo del exdirector del DAEM, Albán Mancilla, etapa señalada por debilidades graves de control interno.
Entre los casos emblemáticos figura el del exdirector del Liceo Andrés Bello, Richard Ruiz Hernández, quien deberá restituir más de $35 millones recibidos de forma improcedente, y el de José Arcos Ojeda, a quien se le ordena devolver cerca de $59 millones por trabajos no acreditados.
Reacciones políticas y críticas a la gestión municipal
El informe provocó un inmediato rechazo en el Concejo Municipal. La concejala Bárbara Álvarez (Partido Popular) calificó la situación como un “despilfarro”, mientras que María Elena Olea (Partido Socialista) la consideró derechamente “escandalosa corrupción”.
El concejal Fernando Orellana (DC) criticó la defensa jurídica del municipio y recordó que el Consejo de Defensa del Estado había desestimado previamente una querella por falta de antecedentes, evidenciando —según dijo— la deficiente gestión del área.
La Municipalidad de Puerto Montt tiene ahora un plazo definido para cumplir con las instrucciones de la Contraloría: iniciar el cobro a los involucrados, ejecutar el sumario administrativo y determinar si corresponde abrir un juicio de cuentas. El caso instala nuevamente la urgencia de fortalecer la transparencia y control en la administración pública regional.