Las repercusiones del caso de funcionarios de salud pública que compraron licencias médicas falsas
A finales de agosto, el Servicio de Salud Metropolitano (SSMN) presentó una denuncia ante el Ministerio Público al descubrir que 14 médicos, de los cuales 3 fueron expulsados de Chile, estaban vendiendo licencias médicas falsas a 31 empleados de diferentes hospitales públicos.
Esta situación ha generado varias repercusiones que se han ido conociendo con el tiempo. Por ejemplo, los empleados públicos que adquirieron estas licencias falsas acumularon 2,669 días de ausentismo, lo que equivale a siete años y cuatro meses sin trabajar.
Además, mientras se hacía pública la investigación sobre estas licencias fraudulentas enviadas a la Compin, 210 empleados regresaron a sus labores de inmediato.
"En Chile, la venta de licencias médicas falsas se ha convertido en un problema grave y relativamente fácil de acceder, con algunos médicos participando en la venta de estos documentos. Las licencias falsas suelen ser comercializadas en redes sociales y otros lugares informales, como cafés o a través de intermediarios, lo que ha tenido un impacto negativo considerable en el sistema de salud, tanto público como privado. Se estima que alrededor de 1,500 médicos están implicados en la emisión fraudulenta de licencias, lo que causa pérdidas millonarias para el sistema", comenta Rodrigo.
El profesional subraya que "la comercialización de licencias médicas por parte de los trabajadores de la salud constituye un delito que conlleva múltiples y serias repercusiones para el sistema de salud en su conjunto. Esto no solo impacta la eficiencia y los costos del sistema, sino que también afecta la ética del personal, generando desconfianza en las instituciones y en el propio sistema de salud. En este contexto específico, la adquisición de licencias médicas debe ser considerada como un fenómeno complejo que abarca dimensiones éticas, culturales y, en ciertos casos, de falta de conocimiento".
Por otro lado, se encuentra el mal uso de los recursos. Este tipo de fraude desvía recursos públicos que podrían ser utilizados para mejorar la infraestructura sanitaria, adquirir medicamentos, contratar personal adicional o optimizar los servicios de salud.
Asimismo, estos delitos tienen un efecto negativo sobre los pacientes. "La ausencia prolongada e injustificada de personal en áreas críticas del sector público, como hospitales, clínicas y centros de salud, puede disminuir la capacidad de atención, ocasionando retrasos en los servicios y una carga de trabajo adicional para aquellos empleados que no están de licencia. Además, en situaciones donde resulta complicado reemplazar rápidamente a un trabajador con licencia, los proyectos o procesos pueden verse interrumpidos, lo que repercute en la calidad y en los tiempos de entrega de los servicios públicos", indicó Varela.
Impacto en el sector privado y estrategias de prevención
El uso indebido de licencias médicas en el ámbito privado conlleva repercusiones significativas, afectando a las organizaciones, a los trabajadores y al sistema en su conjunto.
"Este tipo de fraude no solo tiene un impacto económico en el Estado, sino que también socava la confianza en el sistema de salud. Investigaciones recientes de Inmune han revelado la existencia de médicos, tanto nacionales como extranjeros, involucrados en esta actividad ilícita. En ciertos casos, médicos extranjeros han sido condenados y expulsados del país por emitir miles de licencias sin justificación médica. Esta situación pone de manifiesto la facilidad con la que se pueden encontrar profesionales dispuestos a participar en estos esquemas ilegales", señala Rodrigo Varela.
"El uso fraudulento de licencias médicas en el sector privado provoca pérdidas económicas, disminuye la productividad, deteriora el ambiente laboral y puede perjudicar la reputación de la empresa. Asimismo, contribuye a la saturación del sistema de salud y puede acarrear consecuencias legales tanto para el trabajador como para la organización", añade.
Para mitigar el fraude relacionado con licencias médicas, las empresas pueden adoptar diversas medidas preventivas que van desde controles internos hasta políticas de sensibilización y colaboración con las autoridades sanitarias.
Según la experiencia de Rodrigo Varela en este ámbito, algunas de las acciones recomendadas incluyen: verificación rigurosa de las licencias médicas, implementación de sistemas digitales y análisis de datos, colaboración con Isapres y Fonasa mediante auditorías cruzadas, establecimiento de protocolos de denuncia, políticas internas de control y revisión, auditorías internas, así como programas de concienciación y capacitación del personal, entre otras.
"Estas medidas no solo contribuyen a la prevención del fraude, sino que también fortalecen la confianza en el sistema de salud, fomentan la ética en el entorno laboral y ayudan a las empresas a mantener la productividad y reducir costos innecesarios", concluye.