Caso cerrado: tribunal sobresee a Presidente Boric por defensa financiada con dinero público

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago puso fin este viernes a la investigación contra el presidente Gabriel Boric, decretando su sobreseimiento definitivo en la causa que cuestionaba el uso de fondos públicos para contratar a un abogado en su defensa.

La controversia comenzó en enero, cuando la Presidencia contrató mediante trato directo al abogado Jonatan Valenzuela Saldías, por un monto cercano a $13.800.000, para representarlo en la investigación sobre la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende.

Para el querellante, Raimundo Palamara, esta decisión constituía malversación, ya que —según su interpretación— la ley solo permite financiamiento estatal cuando las defensas están vinculadas al ejercicio legítimo de funciones.

Después de ocho meses de indagatorias, el Ministerio Público solicitó poner término al caso argumentando que no existía ningún delito asociado a la contratación del abogado. La defensa del mandatario se sumó a la petición, señalando que “no ha existido conducta ilícita en los hechos denunciados”, según expuso Valenzuela durante la audiencia.

El tribunal acogió la solicitud fiscal, cerrando la arista penal contra el Jefe de Estado.

A pesar del cierre judicial, Palamara adelantó a Bío Bío Investiga que recurrirá a la Corte de Apelaciones de Santiago para revertir la decisión. El dirigente sostuvo que el fallo genera “un mal precedente”, afirmando que resulta “insólito” que un funcionario investigado por corrupción “pueda financiar su defensa particular con recursos del mismo órgano que habría sido defraudado”.

¿Qué pasa con la causa principal?

La investigación original —dirigida por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper— evaluaba un eventual fraude al fisco en el contrato de compraventa de la propiedad vinculada a la familia Allende, donde figuraban Maya Fernández e Isabel Allende.

El Ministerio Público ya adelantó su decisión de no perseverar, al no haber antecedentes suficientes para sustentar una acusación formal. En respuesta, Palamara presentó una ampliación de querella por prevaricación administrativa y perjurio contra Boric, la que aún no ha sido admitida a trámite.

El tribunal fijó para el 2 de enero la audiencia donde se resolverá el futuro de esta última acción judicial.