Boric critica proyecto aprobado en el Senado y advierte que “consagra la impunidad”
El presidente Gabriel Boric expresó su rechazo al proyecto de ley aprobado en general por el Senado que permitiría a internos de 70 años o más cumplir el resto de sus condenas bajo arresto domiciliario por razones humanitarias.
El mandatario afirmó que la iniciativa podría derivar en impunidad para personas condenadas por delitos graves, entre ellos violaciones a los derechos humanos, abuso sexual infantil o narcotráfico.
“Me genera desencuentro lo que se aprobó en general en el Senado. Chile ha avanzado mucho en materia de derechos humanos y de tener claro que los criminales tienen que estar donde tienen que estar”, señaló el jefe de Estado.
Aprobación estrecha en el Senado
La iniciativa generó un fuerte debate político luego de que la Sala del Senado la aprobara por un estrecho margen de 23 votos contra 22, lo que permitió que el proyecto continuara su tramitación legislativa.
Desde sectores de la centroizquierda y el oficialismo surgieron críticas inmediatas, advirtiendo que la normativa podría permitir que personas condenadas por delitos de alta gravedad accedan a cumplir sus condenas fuera de la cárcel.
El presidente Boric sostuvo que la justicia debe garantizar responsabilidad penal efectiva y no convertirse en un mecanismo que permita liberar a personas que han cometido crímenes graves.
Según estimaciones de la Subsecretaría de Derechos Humanos, si el proyecto llegara a convertirse en ley podría beneficiar a cerca de 12 mil internos, lo que equivale aproximadamente al 20% de la población penal del país.
La propuesta contempla dos escenarios para acceder al beneficio: internos de 70 años o más que hayan cumplido al menos 10 años de condena, o personas cuya edad más los años de pena sumen 80 años.
El debate ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos, que advierten que el beneficio podría alcanzar a personas condenadas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
Acusaciones de conflicto de interés
La discusión también derivó en cuestionamientos políticos dentro del Congreso. Parlamentarios del oficialismo apuntaron al senador Javier Macaya (UDI), cuyo padre, Eduardo Macaya, cumple una condena por abuso sexual infantil y podría eventualmente beneficiarse de la normativa.
El diputado y senador electo del Frente Amplio, Diego Ibáñez, sostuvo que la situación podría representar un conflicto de interés, señalando que el parlamentario debió haberse abstenido de participar en la votación.
Desde el Partido Comunista, la diputada Lorena Pizarro también criticó la iniciativa, planteando que podría permitir la salida de prisión de personas condenadas por graves delitos.
El debate legislativo también incluyó cuestionamientos hacia el senador José García Ruminot (RN), quien fue designado como futuro ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) en el gobierno entrante de José Antonio Kast.
El diputado Jaime Araya (PPD) advirtió que la oposición mantendrá un rol fiscalizador frente a iniciativas que, a su juicio, podrían afectar la seguridad pública o la memoria de las víctimas.
En la misma línea, el senador socialista Fidel Espinoza criticó la aprobación del proyecto y señaló que este tipo de medidas podría afectar el proceso de justicia respecto de crímenes cometidos en el pasado.
Defensa del proyecto desde la oposición
Desde la oposición, la diputada Camila Flores (RN) defendió la iniciativa argumentando que se trata de una medida basada en criterios humanitarios y no de una liberación de condenados.
Según explicó, el proyecto no elimina las penas ni otorga libertad a los internos, sino que permitiría que continúen cumpliendo sus condenas bajo arresto domiciliario en situaciones excepcionales.
El debate continuará en el Congreso mientras la iniciativa avanza en su tramitación legislativa, en medio de un clima político marcado por la cercanía del cambio de mando presidencial y las diferencias entre el gobierno saliente y el bloque opositor.