Informe de Contraloría destapa grave desorden financiero en municipio de San Pablo: $3.753 millones sin respaldo claro
La Municipalidad de San Pablo enfrenta uno de los escenarios administrativos más complejos de los últimos años, luego de que un informe de la Contraloría General de la República, recepcionado el 24 de diciembre de 2025, evidenciara un quiebre profundo en el control financiero y contable del municipio.
El Informe Final N° 751, que auditó los ejercicios 2024 y 2025, advierte la existencia de $3.753 millones en saldos acreedores cuyo origen y destino no cuentan con respaldo contable suficiente. Para el concejal Fabián Cortés, esta situación refleja una administración que operó “sin información financiera confiable”, dificultando cualquier toma de decisiones responsable.
Uno de los puntos más sensibles del documento es la falta de conciliaciones bancarias en al menos nueve cuentas municipales, una omisión que impide conocer la disponibilidad real de recursos públicos. Desde la mirada fiscalizadora, esta práctica constituye un riesgo mayor, ya que abre la puerta a errores, pagos indebidos o derechamente a la imposibilidad de verificar si los fondos efectivamente ingresaron a las arcas municipales.
El informe también detecta irregularidades graves en el pago de horas extraordinarias, revelando que un director municipal autorizó sus propias horas extras, vulnerando principios básicos de probidad administrativa. A esto se suma un antecedente aún más delicado: intentos de pago anticipado de horas que no habían sido trabajadas, práctica expresamente prohibida por la normativa vigente.
Según lo expuesto, algunos funcionarios habrían recibido más de $3 millones anuales solo por concepto de horas extraordinarias, mientras que ciertos cargos directivos superaron los $1,4 millones, todo ello en un periodo en que no existía un reglamento formal que regulara estos pagos. Dicho reglamento fue aprobado recién en septiembre, de manera posterior a los hechos observados.
Otro aspecto que genera preocupación es la seguridad de las cuentas corrientes municipales. La auditoría detectó que ex autoridades y funcionarios, incluso personas que dejaron el municipio hace varios años, mantenían accesos activos a plataformas financieras, configurando una vulnerabilidad crítica en el manejo de fondos públicos.
Si bien la actual administración ha comenzado a corregir parte de las observaciones formuladas por Contraloría, desde el concejo municipal advierten que las medidas resultan insuficientes frente a la magnitud del problema. Para el concejal Cortés, el desafío ahora es iniciar un proceso de “arqueología financiera”, que permita reconstruir el recorrido de los recursos y establecer responsabilidades administrativas si corresponde.
El caso instala nuevamente el debate sobre la fiscalización municipal, la transparencia en el uso de recursos públicos y la necesidad de contar con sistemas contables robustos que eviten que millonarios montos queden, literalmente, fuera del radar institucional.