Prisión preventiva para ciudadano venezolano sorprendido con más de 8 mil kilos de cables robados en Puerto Montt
La Corte de Apelaciones de Puerto Montt determinó dejar en prisión preventiva a un ciudadano venezolano, tras ser sorprendido con más de 8 mil kilos de cables de cobre en su local comercial del sector Mirasol. El operativo, ejecutado en conjunto por Carabineros, la Fiscalía y el Servicio de Impuestos Internos (SII), expuso una estructura delictiva que ha golpeado fuertemente la infraestructura y seguridad de la comuna.
El caso, que inicialmente había determinado solo arresto domiciliario total, fue apelado por la Fiscalía y la Unidad Penal Municipal (UPM), logrando revertir la medida ante el tribunal de alzada. Las autoridades argumentaron que la magnitud del decomiso y la presencia de armamento prohibido —una pistola de fogueo modificable— evidencian un peligro concreto para la seguridad pública y el accionar de una organización criminal dedicada al robo de cables.
El material incautado fue reconocido en parte por la concesionaria Ruta del Canal y por el Departamento Eléctrico de la Municipalidad de Puerto Montt, evidenciando el impacto directo de estos delitos en la comunidad, tanto en la luminaria pública como en servicios básicos.
Red delictual y acciones municipales
El imputado es uno de los cinco detenidos en un operativo simultáneo desplegado en los sectores de Mirasol y Alerce, donde también fueron formalizadas otras cuatro personas por receptación, comercio ilegal y posesión de instrumentos para robo. Al menos uno de estos implicados quedó también en prisión preventiva.
El alcalde Rodrigo Wainraihgt Galilea valoró el trabajo conjunto y subrayó que desarticular estas bandas organizadas es clave para reducir los daños materiales y proteger la seguridad de los vecinos. En esa línea, la Unidad Penal Municipal, liderada por el ex fiscal regional Marcos Emilfork, ha presentado ya seis querellas, tres de ellas por asociación criminal, y ha solicitado la declaración de foco investigativo Sacfi para abordar estos delitos de manera sistémica.
Impacto en la comunidad y nuevos enfoques investigativos
La participación directa de la UPM en unos 50 casos representa un enfoque innovador de colaboración entre el municipio y el Ministerio Público, buscando elevar el costo delictual para quienes afectan el patrimonio y la calidad de vida local. El abogado Juan Francisco Reyes, parte de la UPM, enfatizó que la libertad del imputado sería “un riesgo concreto para la seguridad”, por lo que la decisión de la Corte constituye un mensaje claro de tolerancia cero ante el robo de cables y la criminalidad organizada.
La municipalidad ha reafirmado su compromiso con la persecución penal y la protección activa de sus habitantes, desincentivando así las actividades ilícitas que amenazan tanto el patrimonio público como la vida cotidiana de toda la comunidad.