Acusan por desacato al alcalde de Osorno por no garantizar accesibilidad a concejala con discapacidad
Una nueva controversia enfrenta el alcalde de Osorno, Jaime Bertín, tras ser denunciado por desacato al presuntamente incumplir una resolución judicial que ordenaba al municipio garantizar condiciones de accesibilidad y dignidad laboral para la concejala en situación de discapacidad, Natalie Guissen.
La denuncia surge luego de que el edil no habría dado cumplimiento a un fallo emitido en febrero por la Corte de Apelaciones de Valdivia, el cual acogió un recurso de protección presentado por Guissen. La resolución otorgaba cinco días de plazo para habilitar una oficina provisoria que permitiera a la concejala ejercer sus funciones en condiciones equivalentes al resto del cuerpo colegiado.
Guissen, en conversación con Radio Bío Bío, sostuvo que el caso trasciende lo personal y toca el compromiso institucional con los derechos fundamentales. “Las cosas deben funcionar bajo un marco jurídico. Como autoridades debemos ser los primeros en respetar la institucionalidad y facilitar cambios sociales para garantizar derechos”, subrayó.
La concejala también recalcó que el retraso en el cumplimiento del fallo vulnera no solo la Ley de Inclusión, sino también el espíritu de la recientemente promulgada Ley Karín, la cual apunta a asegurar ambientes laborales libres de discriminación y violencia hacia mujeres y personas con discapacidad.
Desde el municipio, sin embargo, el alcalde descartó cualquier incumplimiento. En su defensa, aseguró que el gobierno local ha estado gestionando las soluciones técnicas necesarias, específicamente la adquisición de un alza escalera, equipo que —según Bertín— no está disponible en el país y tuvo que ser mandado a fabricar.
“Está llegando en estos días, y una vez que llegue se instalará. Con eso, la concejala podrá subir y entrar sin problemas a su oficina”, afirmó Bertín. “No sé de qué desacato estamos hablando. Podemos demostrar que hemos hecho un gran esfuerzo”.
Ahora será el tribunal competente quien deberá evaluar si las acciones del municipio constituyen efectivamente un desacato al mandato judicial. El caso ha abierto un debate mayor sobre la deuda estructural de accesibilidad en organismos públicos, y pone sobre la mesa la necesidad de avanzar en medidas concretas para una gestión municipal verdaderamente inclusiva.